El Parlamento de El Salvador, dominado por el partido gobernante, sancionó una enmienda a la Constitución que permite la reelección continua del presidente, alarga el periodo presidencial de cinco a seis años y suprime la segunda vuelta electoral. La medida fue promovida por el partido del mandatario Nayib Bukele y obtuvo el apoyo de 57 de los 60 legisladores, en una votación llevada a cabo sin discusión previa y en un proceso expedito.
La reforma modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la disposición que prohibía la reelección inmediata del presidente, lo que permitirá a Bukele postularse para un nuevo período de forma indefinida. Además, se suprime la segunda vuelta electoral, lo que implica que el candidato que obtenga la mayoría de votos, aunque no sea absoluta, será proclamado presidente. Asimismo, se estipula que el próximo mandato presidencial será de seis años en lugar de cinco, como establece actualmente la Constitución.
Un artículo temporal dentro del conjunto de reformas adelanta la elección presidencial para 2027, reduciendo el periodo de gobierno actual de Bukele. De esta manera, el partido en el poder intenta fortalecer su dominio político, permitiendo una posible nueva candidatura del presidente antes de lo planeado.
Desde el oficialismo se argumentó que la reforma fortalece la democracia al permitir que el pueblo salvadoreño tenga la libertad de reelegir a sus gobernantes sin restricciones. Legisladores afines al Ejecutivo sostuvieron que la reelección indefinida ya es posible en otros niveles de gobierno, como en alcaldías o diputaciones, y que este cambio simplemente extiende esa posibilidad al cargo presidencial.
No obstante, la reforma ha encontrado una oposición significativa de diversos sectores políticos, entidades defensoras de derechos humanos y expertos en política, quienes perciben que es un avance hacia el fortalecimiento de un sistema autoritario. Los detractores señalan que suprimir los límites a la reelección sin un debate exhaustivo y sin incluir a la población en la consulta supone un retroceso en términos de democracia.
Perspectivas contrarias indicaron que la reforma fue aprobada sin debate público ni mecanismos participativos, lo cual compromete los principios esenciales del Estado de derecho. Asimismo, se criticó la ausencia de transparencia en el proceso y la centralización de poder en el Ejecutivo, que ya tiene un control considerable sobre el Legislativo y el Judicial.
Desde el año 2021, tras la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general por parte del Congreso, se ha reportado un debilitamiento continuo de los controles institucionales en El Salvador. La decisión posterior de la renovada Corte Suprema que permitió la reelección inmediata fue percibida como una continuación de esa misma dirección.
El respaldo de la comunidad internacional ha sido dispar. Algunos gobiernos han expresado su preocupación por la deriva autoritaria en El Salvador, mientras que otros han manifestado su respeto a las decisiones soberanas del país, reconociendo que las reformas fueron aprobadas por una Asamblea elegida democráticamente.
Organismos internacionales como Human Rights Watch y otras entidades defensoras de la democracia alertaron sobre los riesgos que conlleva la reelección indefinida, recordando experiencias similares en otras naciones latinoamericanas donde este tipo de reformas derivaron en crisis institucionales y pérdida de libertades civiles.
Aunque el presidente Bukele aún no ha declarado de manera formal su deseo de presentarse para otro período, la enmienda manifiestamente permite esa opción. Su respaldo se enfoca en su estrategia de seguridad que ha disminuido significativamente la violencia con acciones extraordinarias, como el continuo estado de excepción, mejorando su aceptación entre los votantes.
No obstante, han sido habituales las acusaciones de violaciones de derechos humanos, arrestos arbitrarios y limitaciones a la prensa independiente. La implementación de esta reforma, en un contexto donde el poder está altamente centralizado, incrementa el temor de que El Salvador se encamine hacia un modelo de gobierno con limitados controles y escasas garantías democráticas.
La reforma constitucional aún requiere una segunda aprobación legislativa en la próxima legislatura para quedar plenamente vigente, según lo establece la misma Carta Magna. No obstante, dada la composición actual del Congreso y el respaldo político con el que cuenta el presidente, es previsible que esta segunda aprobación se concrete sin mayores obstáculos.
El cambio en el sistema político salvadoreño con esta reforma representa un momento crucial para la nación, cuyo futuro estará determinado en gran parte por la manera en que se apliquen estas modificaciones y por la habilidad de los agentes democráticos para organizar una respuesta institucional que mantenga el equilibrio de poderes y los principios constitucionales.
