La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó recientemente una normativa que establece un marco regulatorio específico para las tecnologías robóticas e inteligentes, marcando un hito en el avance legal del país hacia la transformación digital. La nueva Ley de Tecnologías Robóticas e Inteligencia Artificial fue avalada con una amplia mayoría legislativa y busca establecer reglas claras para la fabricación, desarrollo, comercialización, uso y fiscalización de estas tecnologías en el territorio nacional.
La legislación incluye a productores, desarrolladores, importadores, distribuidores, proveedores de servicios y consumidores finales de sistemas robóticos e inteligentes. Además, define categorías para diferenciar sistemas autónomos, semiautónomos y controlados, y sugiere criterios para evaluar los riesgos que puedan presentar para las personas, el entorno y los derechos fundamentales.
Uno de los elementos más destacados del texto legislativo es la creación del Registro Nacional de Tecnologías Robóticas, una base de datos obligatoria donde deberán inscribirse todos los sistemas que operen en el país. Esta medida pretende facilitar el control estatal, fomentar la trazabilidad de las aplicaciones tecnológicas y brindar garantías tanto al sector público como al privado.
Adicionalmente, se impone la necesidad de llevar a cabo valoraciones de impacto previo a la implementación de determinados dispositivos o sistemas, especialmente aquellos destinados a funcionar en ambientes delicados como hospitales, centros educativos, instalaciones industriales, infraestructuras esenciales y áreas públicas.
En el ámbito ético, la normativa establece directrices tales como evitar la discriminación por algoritmos, proteger la privacidad, respetar la soberanía de los datos personales, y asegurar la claridad en los procesos de decisiones automáticas. Además, se contempla la realización de revisiones técnicas y la elaboración de códigos de conducta para desarrolladores y compañías tecnológicas.
Desde el punto de vista económico, la ley busca estimular la innovación mediante un marco legal que dé certidumbre jurídica a inversionistas, universidades y centros de investigación. Se contempla la promoción de políticas públicas para el desarrollo de talento humano especializado, así como incentivos para la inversión en proyectos locales de robótica e inteligencia artificial.
El escrito igualmente incluye medidas punitivas para el uso inadecuado de estas tecnologías, las cuales pueden abarca desde sanciones monetarias hasta la retirada de licencias de operación. Asimismo, se definen reglas concretas para la gestión de errores, fallos técnicos y los posibles perjuicios causados por sistemas inteligentes.
Los promotores de la legislación destacan que no pretende detener la innovación, sino guiar su evolución dentro de un contexto responsable que salvaguarde a los ciudadanos y fomente un ambiente competitivo. En este contexto, se invita a las universidades, compañías tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil a participar activamente en la creación de las regulaciones que darán soporte a esta normativa.
Los entes gubernamentales relacionados con el sector tecnológico, tales como el Ministerio de Innovación y la Superintendencia de Competencia, desempeñarán una función clave en la ejecución y supervisión de la ley. Se anticipa que en los meses siguientes comenzará un proceso de socialización con los diversos participantes del entorno digital para establecer las directrices concretas de implementación.
Esta nueva legislación coloca a El Salvador en la vanguardia de la regulación tecnológica en América Latina, en un contexto en el que los avances en inteligencia artificial, automatización y robótica están transformando aceleradamente la economía, la educación, la salud y la vida cotidiana.
Con esta iniciativa, el país pretende establecer un modelo de avance tecnológico que sea inclusivo, ético y competitivo, diseñado para enfrentar los retos del siglo XXI y en sintonía con las prácticas óptimas a nivel global.
